Desde hace más de una década, en La Boca se reclama habilitar un centro de educación inicial en el inmueble ubicado en Almirante Brown y Suárez. La normativa que autorizaba la expropiación expiró, dejando sin efecto la chance de edificar la institución escolar, vital para un sector con escasez de plazas. Residentes locales, apoyados por múltiples agrupaciones, solicitan reactivar la iniciativa que, aseguran, tiene el consenso total del vecindario.
En pleno barrio de La Boca, la histórica construcción situada en Almirante Brown y Suárez, escenario de un devastador incendio en 2009 que se llevó la vida de seis menores, ha protagonizado una extensa batalla vecinal. La disposición legal destinada a convertir el espacio en un centro preescolar expiró, generando dudas entre la comunidad sobre la concreción de esta esperada iniciativa.
La normativa, vigente durante más de diez años, jamás se concretó y su plazo legal para la expropiación finalizó. En la actualidad, diferentes colectivos de La Boca, agrupados en entidades como La Boca Resiste y Propone (LBRyP), exigen la reactivación del plan. Natalia Quinto, miembro de LBRyP, afirma: “Todos los años tenemos terribles problemas de vacantes que se terminan judicializando y el hecho de que funcione un jardín ahí serviría para aliviar un poco esa situación. Desde el punto de vista urbanístico, además, hoy el edificio es una mole en una esquina que no tiene ninguna utilidad y que podría ser un edificio nuevo. Por donde lo mires es necesario, por eso reúne el consenso de todo el barrio.”
La construcción, anteriormente utilizada como oficina bancaria y luego tomada, continúa siendo un símbolo palpable del desastre ocurrido en 2009. A pesar de que en 2012 el cuerpo legislativo local sancionó una norma que lo designaba como bien de interés público y susceptible de apropiación estatal, dicha disposición nunca se ejecutó. De manera llamativa, Diego Kravetz, actual titular de Seguridad y máximo responsable de la fuerza policial capitalina, aprobó esa propuesta, mientras que su cónyuge, Soledad Acuña, exfuncionaria del área educativa, apoyó una iniciativa parecida en 2006.
Quinto de LBRyP declaró que: “Fue ella quien, como funcionaria, no cumplió con la ley que se promulgó”. La normativa de apropiación, regulada por las normas locales, establece un término máximo de cinco años para su implementación. Al superar dicho límite, los habitantes del barrio aseguran que es imprescindible aprobar una nueva regulación. A fines de diciembre, La Boca Resiste y Propone, junto a diversas agrupaciones comunitarias, organizó una manifestación para exigir la renovación del plan.
La insuficiencia de plazas para educación preescolar en La Boca representa un desafío constante, incluso con la implementación de espacios como los Centros de Atención Infantil (CAI) y Centros de Primera Infancia (CPI). Quinto destaca: “Son lugares en donde se cuida a los niños, donde se los deja con ese objetivo, pero sin proyecto pedagógico”.
Por Edición Digital
