La legislación de la Ciudad determina dispensas para la Inspección Técnica Obligatoria dependiendo de la edad y recorrido de automóviles y motocicletas, además de considerar situaciones económicas y capacidades diferentes.
En Buenos Aires funciona un sistema de dispensas y ventajas para la Revisión Técnica Obligatoria que habilita a ciertos propietarios a omitir el procedimiento o efectuarlo sin abonar el costo correspondiente. Esta disposición, incluida en la regulación local, procura reducir obligaciones burocráticas y financieras según la edad y el recorrido de los rodados, así como la condición económica o de diversidad funcional de sus titulares.
La VTV consiste en una evaluación que verifica el funcionamiento mecánico y la seguridad de vehículos y motovehículos que transitan por Buenos Aires. Esta revisión, realizada por expertos, se efectúa con intervalos que dependen de las particularidades de cada unidad. No cumplir con ella puede ocasionar sanciones económicas, dificultades en gestiones como la actualización del carnet de conducir y complicaciones con compañías de seguros ante accidentes.
De acuerdo con la normativa actual, los vehículos nuevos quedarán exentos de la VTV durante los tres primeros años tras su matriculación o hasta completar 60.000 kilómetros. La inspección inicial se solicita en el cuarto año y mantiene una duración de dos años. Este intervalo también se extiende a automotores con entre cuatro y menos de siete años de antigüedad, mientras que al superar los siete años la evaluación se realiza cada doce meses.
Para motocicletas recientes, el régimen resulta más corto: la inspección inicial ocurre doce meses después de la inscripción. Posteriormente, los lapsos entre revisiones se modifican según la edad del vehículo, aplicando principios semejantes a los utilizados en automotores. Este método progresivo disminuye la cantidad de controles para modelos recientes y, a su vez, los gastos vinculados.
El costo vigente de la VTV en la Capital es de 63.453,61 pesos para automóviles y 23.858,78 pesos para motocicletas. El abono, realizado de forma electrónica al reservar el turno por internet, debe acompañarse con el recibo correspondiente al momento del control. Además, es imprescindible exhibir documento de identidad, carnet de conducir activo, póliza de seguro, cédula de circulación, título de propiedad y, si corresponde, la autorización para vehículos con GNC. La ausencia de cualquiera de estos elementos puede provocar retrasos o negación del servicio.
Respecto a las liberaciones de costo, la Capital ofrece ventajas a retirados, pensionistas y mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el salario mínimo previsional y cuyos automotores no sobrepasen el valor fiscal definido para el impuesto de radicación. En estas situaciones, pese a que persiste la obligación de efectuar la revisión en los tiempos establecidos, no se exige abonar la tarifa.
Del mismo modo, quienes presentan alguna discapacidad quedan liberados del cobro, independientemente de que el favorecido sea el propietario del rodado, un pariente cercano, cuidador o conviviente. Esta normativa abarca automotores acondicionados y estándar, asegurando de esta manera un alcance extenso de la ventaja.
En cambio, las personas que no reúnen dichos requisitos y transitan sin revisión técnica activa enfrentan multas, inmovilización del automóvil durante controles y dificultades en gestiones posteriores. La falta de inspección también puede afectar pólizas, puesto que ciertas aseguradoras podrían denegar protección si la unidad carece del certificado obligatorio.
El trámite para realizar la verificación arranca reservando horario mediante la plataforma digital del Ejecutivo local. En la fecha indicada, el automóvil o moto debe acudir al centro de control con papeles en regla y funcionamiento correcto. Ante la detección de desperfectos, el responsable cuenta con un periodo para subsanarlos y volver a finalizar la gestión.
La normativa actual en CABA define criterios precisos para fijar obligatoriedad, frecuencia y gratuidad del control vehicular. Las dispensas por años de uso, kilometraje, situación económica y capacidades diferentes intentan armonizar la supervisión de seguridad en calles con acciones que consideren las condiciones financieras y sociales de los conductores, asegurando al mismo tiempo los estándares técnicos imprescindibles para un tránsito protegido.
Por Edición Digital
