La gestión de la Ciudad continúa con el proyecto para reorganizar la Villa 31, con el objetivo de mejorar la seguridad y detener la expansión desmedida. Se incorporaron controles en los ingresos con presencia policial y se transformaron algunas calles en peatonales para impedir el ingreso de insumos de obra y así evitar nuevas construcciones.
El control de las obras, la recuperación de viviendas y lotes ocupados sin permiso y el aumento de la seguridad, entre otras acciones, forman parte de una estrategia para mejorar la integración y asegurar que toda la Ciudad funcione con las mismas normas, derechos y deberes para cada persona, sin importar en qué barrio viva.
El programa de reorganización reúne distintas acciones articuladas por la Jefatura de Gabinete junto con las áreas de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno porteño.
“Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, expresó Jorge Macri.
Con la implementación del sistema de regulación de accesos, cinco de los 13 ingresos utilizados por autos pasaron a ser de uso exclusivo para peatones; en tres se instalarán puntos fijos de la Policía de la Ciudad, que se agregan a otros tres ya activos. Además, dos calles cambiaron su sentido de circulación, se colocaron postes de contención y se realizarán inspecciones móviles y periódicas para aumentar la seguridad.
El jueves se llevó adelante un despliegue particular: se instalaron puestos y revisiones policiales en varios puntos de ingreso, como en Colibrí y Ramos Mejía (junto a la terminal de Retiro), en Yaguareté e Islas Galápagos (cerca del Paseo del Bajo y del área educativa de la Ciudad), y en Colibrí y Alberto Chejolán (antes conocida como calle 14, próxima al Barrio Saldías).
El proceso de desarrollo de la Villa 31, según el plan previsto desde 2016, no logró frenar la expansión desordenada ni organizar el uso del suelo, que eran metas de la Ley 6.129. Por ese motivo, Buenos Aires optó por implementar nuevas acciones para poner el lugar en regla.
En cuanto a la venta de estupefacientes, el mandatario porteño manifestó: “Tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”.
El primer paso importante de la gestión actual en la Villa 31 fue eliminar el mercado clandestino de la calle Perette, donde se comercializaban objetos robados. Desde que se puso en marcha el plan, hace un mes se intensificaron los operativos contra las ocupaciones: se liberaron veredas cubiertas de chatarra que funcionaban como depósitos informales o extensiones de viviendas; además, se retiró un lavadero de autos que bloqueaba una zona peatonal y se desalojó un taller de neumáticos instalado en un colectivo abandonado sobre la vereda.
También se cerraron depósitos clandestinos de insumos de obra, ya que la normativa de urbanización no los permite para evitar la expansión sin control del barrio, lo que incrementa los peligros estructurales y de seguridad para los habitantes.
El barrio 31, situado en una zona céntrica de la Ciudad, frente a Retiro, abarca unas 72 hectáreas y alberga a cerca de 45 mil habitantes en situaciones de vulnerabilidad. Con el tiempo, se volvió un lugar donde crecen prácticas especulativas y actividades fuera de la ley. Además de la comercialización de “espacios aéreos”, como terrazas de viviendas, el costo de alquilar una casa va desde $300 mil hasta 1 millón de pesos, mientras que los comercios tienen valores más elevados, entre 1,5 y 1,8 millones mensuales. De esta manera, quienes se benefician de la informalidad sacan ventaja de personas que buscan alquilar y no pueden cumplir con las condiciones exigidas en otras zonas.
Por Edición Digital
