Frente al complejo panorama de numerosas entidades, se adoptarán acciones concretas para sostener su funcionamiento y garantizar la continuidad de servicios esenciales para personas con discapacidad.
Debido a la grave coyuntura que enfrentan diversos prestadores comprendidos en la Ley 24.901, el gobierno porteño pondrá en marcha un conjunto de acciones destinadas a fortalecer su labor y asegurar la permanencia de servicios clave para personas con discapacidad.
Como medida inicial, se destinará una ayuda económica excepcional, equivalente al 24% de los ingresos mensuales y distribuida en dos tramos, a 142 instituciones que brindan apoyos intensivos, como hogares, residencias, centros educativos terapéuticos y centros de día. La inversión prevista alcanza los $1.777 millones y tiene como objetivo sostener la prestación y evitar interrupciones en el servicio.
“Tenemos 142 instituciones en riesgo por el atraso del nomenclador nacional y el aumento de los costos. Desde la Ciudad decidimos actuar, porque no podemos permitir que ninguna cierre”, expresó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
En este contexto, la Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio destacó: “Estamos hablando de 5.900 personas con discapacidad y alto grado de dependencia, que requieren cuidados y apoyo permanente para desarrollar su vida diaria. Su vida entera depende del acompañamiento permanente de cuidadores y profesionales especializados. Estas instituciones, además de brindarles atención a las personas, acompañan también a sus familias en los desafíos que enfrentan”,
Asimismo, se presentará una iniciativa legislativa para eliminar el tributo de Ingresos Brutos y cancelar obligaciones fiscales pendientes a todos los prestadores especializados que operan exclusivamente en el ámbito de la discapacidad.
Finalmente, se ampliará el fondo destinado al sostenimiento de entidades sociales dedicadas a la discapacidad, con un refuerzo presupuestario de $500 millones para apoyar económicamente a organizaciones no gubernamentales del sector.
Por Edición Digital
