Autoridades porteñas y delegados del Ministerio de Seguridad nacional se reunieron para comenzar los trámites vinculados al traslado de competencias en la administración de sanciones carcelarias.
El mandatario de la Ciudad, Jorge Macri, y la titular de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, lograron este jueves un convenio para delegar la gestión del sistema carcelario al gobierno porteño, implicando que la administración local asumirá la vigilancia de los individuos carentes de libertad.
Integrantes del Ejecutivo porteño y delegados del Ministerio de Seguridad nacional realizaron una reunión en la sede ministerial situada en avenida Gelly y Obes. La meta central consistió en dar comienzo al procedimiento de transferencia de las obligaciones del Servicio Penitenciario Federal dentro del territorio porteño, incluyendo la administración de sentencias privativas de libertad y la vigilancia provisional de individuos arrestados por delitos ajenos a la competencia federal, cuyos casos corresponden a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, además de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El traspaso de competencias facultará al territorio porteño a gestionar la implementación de condenas privativas de libertad y supervisar provisionalmente a quienes estén arrestados por delitos bajo su jurisdicción.
Patricia Bullrich participó en la reunión acompañada por Julián Curi, Subsecretario de Gestión Penitenciaria, y Desirée Barczuk, directora nacional a cargo de Innovación y Diseño del Sistema Penitenciario. Por el lado porteño, Jorge Macri estuvo junto a Néstor Grindetti y Gabriel Sánchez Zinny, principales referentes del Gabinete local, junto a los ministros Gabino Tapia, encargado de Justicia, y Waldo Wolff, a cargo de Seguridad.
El convenio para la transferencia de facultades carcelarias representa un avance decisivo hacia la completa independencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en temas judiciales y de resguardo.
Esta mejora posibilitará una administración más eficaz y adaptada a las demandas regionales, potenciando la habilidad del distrito para asegurar la ejecución de sanciones y la vigilancia de arrestados. La colaboración entre los organismos nacionales y locales fortalece la alianza para desarrollar un esquema más dinámico, innovador y funcional, enfocado en resguardar y promover el bienestar social.
Por Edición Digital
