El Gobierno porteño avanza con una reforma integral del transporte privado de pasajeros que apunta a simplificar trámites, actualizar normativas y generar un marco más competitivo entre taxis y plataformas digitales. La iniciativa será enviada en los próximos días a la Legislatura y comenzará a implementarse mediante un decreto ejecutivo acompañado por la quita de distintos aranceles.
La iniciativa apunta a establecer reglas actualizadas para la actividad, incorporando herramientas que permitan mejorar los controles, optimizar el funcionamiento del sistema y adecuar el esquema regulatorio a las nuevas modalidades de movilidad urbana.
La propuesta también contempla facilitar la operatoria diaria de los conductores, acortar tiempos administrativos y ofrecer mayores garantías para pasajeros y trabajadores. Además, busca encauzar la relación entre los servicios tradicionales y las plataformas tecnológicas, luego de años de tensiones y reclamos en torno a su regulación.
El anuncio se realizó durante una reunión encabezada por Jorge Macri junto a referentes del sector taxista y representantes de plataformas digitales de transporte. Del encuentro participaron además funcionarios del gabinete porteño, legisladores y autoridades vinculadas al área de movilidad y transporte de la Ciudad.
“Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, expresó Jorge Macri en la sucursal situada en Parque Patricios. Y sumó: “La Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”.
Actualmente, la actividad funciona bajo una normativa específica del sistema de transporte público que, con el paso de los años, quedó desactualizada frente a las nuevas dinámicas del sector. El esquema vigente implica múltiples gestiones independientes, cada una con requisitos y pagos propios, lo que genera mayores costos administrativos y una operatoria menos ágil para los conductores. Además, mantiene obligaciones formales que el Gobierno considera necesarias de revisar para adaptar el servicio a las demandas actuales.
La nueva regulación ampliará las opciones habilitadas para prestar el servicio, incorporando unidades de mayor tamaño y modelos familiares que hasta ahora no estaban contemplados. También se flexibilizarán los requisitos vinculados a la cantidad mínima de ocupantes, lo que permitirá sumar vehículos más compactos, accesibles y con menores costos de mantenimiento y operación.
Entre los cambios previstos también se avanzará en la eliminación de distintas exigencias administrativas y operativas consideradas obsoletas. Ya no habrá restricciones vinculadas al tamaño del espacio de carga ni límites específicos de asientos para unidades adaptadas. Además, se simplificarán los trámites para transferir licencias, evitando requisitos presenciales y documentación adicional. La reforma también dejará sin efecto la imposición de horarios predeterminados de trabajo, habilitará credenciales en formato digital y flexibilizará las normas de vestimenta para los conductores.
Además, el nuevo esquema establecerá condiciones básicas de habilitación vinculadas a la seguridad vehicular y a la cobertura adecuada para la actividad. También fijará requisitos para los conductores, quienes deberán contar con registro profesional y una edad mínima determinada para operar. Para facilitar la adaptación al nuevo sistema, se prevé un período de adecuación de tres meses junto con mecanismos simplificados que permitan completar los trámites de manera más rápida y accesible.
Además, se incorporarán herramientas tecnológicas orientadas a agilizar la operatoria diaria del servicio, facilitando las transacciones digitales, optimizando los mecanismos de identificación de usuarios y permitiendo gestionar solicitudes de viajes directamente desde dispositivos móviles.
En paralelo, el Gobierno porteño impulsa líneas de financiamiento destinadas a renovar las unidades del servicio y promover la incorporación de vehículos eléctricos. A través de una línea crediticia específica del Banco Ciudad, los titulares pueden acceder a préstamos con cuotas a largo plazo y cobertura parcial del valor de compra. El programa está orientado a conductores con cierta antigüedad en la actividad y situación fiscal regularizada como trabajadores independientes.
Además, la administración porteña ya había avanzado previamente con medidas de alivio para el sector, entre ellas la eliminación de aranceles en distintas gestiones administrativas y la habilitación de un marco normativo que permite incorporar anuncios comerciales en las unidades.
Por Edición Digital
